Declaración de Motivos:
La XXI CONADES se ubica, en relación a la del año pasado, en un escenario de continuidades y cambios en la vida nacional del Perú. El presente es un contexto en que las amenazas para la democracia, la igualdad y el desarrollo se han incrementado y parecen fortalecerse.
La XVIII CONADES abordó tres ejes: modelo de desarrollo, corrupción, y sistema político, género y desigualdades. En la XIX CONADES, a partir de las discusiones del VIII FOSPA y de las COREDES, recogeremos los diagnósticos y los temas priorizados. Y de las reuniones del Grupo Impulsor la decisión de seguir participando y profundizando en la reflexión sobre las temáticas más específicas de cada uno de los ejes.
En el contexto actual está en disputa la memoria de lo vivido en los veinte años de violencia política y en las últimas décadas de corrupción sistémica en el país y los avances en materia de políticas y mentalidad favorables a la igualdad. Un sector conservador de la sociedad viene movilizándose por instalar, como hegemónica, su visión negacionista de la época del conflicto armado interno, de ciertos vínculos con la corrupción y de la problemática de la igualdad entorno al género.
Algunos apuntes para un mejor panorama del contexto:
En lo económico, vivimos las consecuencias de la dependencia y el fin del ciclo de los súper precios de los productos de exportación. Dancourt señala que la economía del Perú urbano está paralizada, el empleo formal ha caído. El déficit fiscal aumentó. Las medidas de beneficios tributarios dados en los últimos gobiernos, incluido el actual no han dado resultado. Ha bajado la presión tributaria a niveles de hace casi una década. Las medidas tributarias recientes como es el Impuesto Selectivo al Consumo (bebida, alcohol, cigarros y combustible), son impuestos regresivos, afectan más a los que menos tienen, y se aplican porque sirven para una fácil y rápida recaudación. La realidad actual demuestra que el crecimiento económico de los últimos años no resolvió problemas estructurales y desigualdades en el país. Temas básicos para la población, como el acceso a servicios de salud, educación de calidad y al empleo digno así lo demuestran.
Como respuesta se han dado movilizaciones en Lima, Cusco, Arequipa, Puno, Huancayo y otras ciudades, que expresan no sólo el rechazo a las medidas sino el descontento de la población sobre la situación económica y la corrupción.
En los últimos años el canon minero ha caído. La tímida diversificación productiva propuesta por el gobierno anterior fue eliminada de las prioridades del nuevo gobierno. Como país no tenemos una estrategia de crecimiento distinta al clásico extractivismo. No hay políticas para la pequeña agricultura, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Tenemos que construir una nueva narrativa sobre el crecimiento y desarrollo que queremos.
Se cuestiona, no sólo al ejecutivo sino también al Parlamento y se desarrollan movilización pidiendo el cierre del Congreso que ha perdido legitimidad de manera acelerada. Sumado a ello, en las últimas semanas se han hecho públicos audios que muestran claramente los mecanismos de la corrupción en el poder judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura.
Además de la crisis del sistema político, hay varios problemas que enfrentar a la vez. Algunos de ellos son: La reconstrucción del norte luego del paso del fenómeno del Niño Costero y la gran preocupación a nivel de las organizaciones sociales de las regiones por el fracaso de la descentralización y la corrupción.
Entonces, la situación está llevando a un hartazgo de la política y de los políticos. Persiste la crisis en las altas esferas del poder político. En el Congreso la mayoría de Fuerza Popular busca someter al poder ejecutivo y controlar el Congreso con procedimientos propios de la época Fuji-montesinista. La debilidad del presidente Vizcarra, no le permite tener una posición propia sobre un tema tan delicado como la violencia de género al extremo de no atreverse a pronunciar la palabra género.
Entre noviembre del 2017 y enero del 2018, en un periodo que generalmente es de descanso, se desencadenaron movilizaciones promovidas por organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH), la Asociación Nacional de Centros (ANC), Los Colegios profesionales y otras organizaciones, a las que se articularon diversos colectivos que formaron la Asamblea Ciudadana. A la par hubo movilizaciones promovidas por el Comité Unitario de Lucha – CNUL, promovido por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Las movilizaciones fueron contra el autoritarismo del Congreso, Contra la corrupción, Contra el indulto.
Esta es una época de violencia en las relaciones sociales. La expresión más dramática es la violencia contra la mujer, el aumento del feminicidio y las diversas formas de violencia contra la mujer que han puesto en el centro de la agenda política la urgencia de hacerle frente a este grave problema.
Vivimos un momento de disputa por la hegemonía cultural, una disputa por la memoria. Una amenaza para la igualdad de género, para las mujeres, es el crecimiento de un movimiento y pensamiento neoconservador movilizado a través de una curiosa denominación – “contra la ideología de género” – oponiéndose a las políticas de igualdad de género consagradas en la constitución, en los tratados internacionales y en las políticas públicas de nuestro país desde hace décadas.
Se generó un insólito movimiento “Con mis hijos no te metas” en oposición a uno de los siete enfoques de la nueva currícula escolar, negando a la escuela pública su rol educador en este terreno y dejando, lo que es peor, al poder judicial que dirima sobre la política educativa en este tema. La resistencia a este movimiento ha sido permanente, pero el soporte que tiene de los sectores más conservadores de las iglesias parece difícil de superar. Este es un gran desafío hacia adelante.
Este pensamiento conservador se expresa también en la disputa por la memoria. Un acto burdo es la campaña de deslegitimación del LUM, en la disputa por la interpretación del conflicto armado interno vivido en nuestro entre los años 1980 y 2000. Dicha campaña de desprestigio intenta construir otra historia sobre los hechos (la verdad) de los 20 años de conflicto. Se manifiesta también con la amenaza a toda persona u organización que se pronuncie sobre lo que ocurrió en veinte años de conflicto, y a la protesta social se la tilda de hacer apología del terrorismo. Se ha creado un nuevo verbo “terruquear” para señalar a todos/as que expresen su disconformidad con lo que pasa en el país. Esto es peligroso porque es antesala de incrementar la criminalización de la protesta de defensores y defensoras de derechos y de reprimir la discrepancia.
En este clima, en octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales. Dicho proceso se ve empeñado por las acusaciones a altos funcionarios de la ONPE por favorecer la inscripción del partido Podemos Perú haciéndose de la vista gorda con los padrones con firmas falsas y errores. Como ese caso, es muy probable que haya ocurrido con otras inscripciones electorales. En paralelo existe la gran amenaza de que el proceso electoral facilite la captura de los poderes locales y regionales por parte de organizaciones delictivas (traficantes de terrenos, empresarios inescrupulosos, mafias de vinculadas al narcotráfico, trata de personas y otros ilícitos) que financian candidaturas para luego tener el control del aparato del Estado. En este campo hay grandes desafíos para la sociedad civil por transparentar las intenciones de los candidatos y del funcionamiento de las instituciones públicas, asimismo por promover el voto informado y vigilante.
